El senador por el distrito de Ponce, Ramoncito Ruis Nieves, agradeció a todos los senadores que votaron a favor de la Resolución Concurrente #2, para solicitar a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las gestiones pertinentes y presente legislación ante el Congreso de los Estados Unidos de América para que Puerto Rico sea eximido de la aplicación de las leyes de cabotaje dispuestas en la Ley Jones de 1920.
La medida fue aprobada en la sesión de ayer con los votos de todos los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), del Proyecto Dignidad (PD) y el independiente José Vargas Vidot. Los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se opusieron a la medida.
Ruiz Nieves señaló que “es necesario reconocer que en la relación jurídico-política de Puerto Rico con los Estados Unidos, al aprobarse la Ley Foraker en el 1900, se estableció un gobierno civil en Puerto Rico y se dispuso que el cabotaje entre Puerto Rico y Estados Unidos fuera uno regulado de conformidad con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo entre cualesquiera dos grandes distritos costeros de los Estados Unidos. Posteriormente, mediante la Ley Jones 1917, el Congreso dispuso que las leyes relativas a tarifas, aduanas y derechos sobre importaciones a Puerto Rico prescritas en la Ley Foraker continuarán en efecto. Así, la Ley Jones en su espíritu y vigencia, limita el tránsito marítimo de Estados Unidos y sus posesiones y/o territorios. Esto nos obliga a utilizar exclusivamente la marina mercante de los Estados Unidos de América, la cual es la más costosa del mundo”, aseguró el también presidente de la Comisión de Gobierno.
La medida señala además que durante décadas se ha expresado consenso por diversos sectores políticos y cívicos de la Isla en cuanto a la necesidad de la exención de la aplicabilidad de las Leyes Federales de Cabotaje en Puerto Rico. Un imperativo, que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida en el país, precisamente en momentos cuando el resultado electoral reciente nos demuestra que la ciudadanía espera identifiquemos y aprobemos alternativas que fortalezcan nuestro desarrollo socio-económico por sobre toda consideración político-partidista. Teniendo muy presente, que las leyes de cabotaje representan un aumento en el costo de los productos importados al país en no menos de $426 millones anuales, cantidad que termina pagando el consumidor puertorriqueño.
Estudios realizados por la Oficina de Contabilidad General (GAO) del Congreso Federal en los años ochenta y noventa, estimaban que a los residentes de Hawái, Alaska y Puerto Rico la aplicación del Acta Jones les costaba entre $2.8 billones y $9.8 billones de dólares al año, solamente en el costo de transportación.
“Ante todo esto, no debe haber duda alguna que la Ley de Jones de 1920, es una legislación arcaica y proteccionista de unos intereses que se han perpetuado gracias a los beneficios económicos que la misma les provee. Es una legislación no apta para el Siglo XXI, que restringe el libre comercio entre las naciones, y una que desfavorece totalmente los postulados de oferta y demanda. Por todo lo cual, esta medida solicita a Jenniffer González Colón, en su calidad de Comisionada Residente, que realice todas las gestiones pertinentes y presente legislación ante el Congreso de los Estados Unidos de América para que Puerto Rico sea eximido de la aplicación de las leyes de cabotaje”.
Según lo aprobado, copia certificada de dicha Resolución Concurrente #2 será traducida al inglés y enviada al Presidente de los Estados Unidos, a la Comisionada Residente, a todos los miembros del Congreso Federal, así como a los medios de comunicación para su efectiva divulgación. Conforme al proceso legislativo, la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes para su evaluación y posterior votación.
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