En una vista pública celebrada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en Puerto Rico, varias agencias gubernamentales manifestaron sus reservas con respecto al Proyecto del Senado 1143 y la Resolución del Senado 394. Estas propuestas buscan reducir la jornada laboral de los empleados públicos a cuatro días sin que esto implique una disminución en sus salarios.
Durante la reunión, la presidenta de la comisión, Ana Irma Rivera Lassén, destacó la intención de ofrecer a los empleados una jornada laboral más corta sin que se vean afectados económicamente, contrarrestando la situación actual en la que se implementan recortes tanto en la jornada como en el salario. Sin embargo, representantes de varias agencias gubernamentales, incluida la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), expresaron preocupaciones legales y constitucionales sobre la propuesta, argumentando que podría socavar la uniformidad en la implementación de los planes de clasificación y retribución uniforme, así como los principios de igual protección de las leyes y de igual paga por igual trabajo.
Además de las preocupaciones legales, las agencias gubernamentales también hicieron hincapié en los posibles impactos fiscales de la medida. Un representante del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) señaló que la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial podría tener un impacto en las finanzas públicas, y destacó la necesidad de obtener una certificación del impacto fiscal y su coherencia con el Plan Fiscal establecido por la Ley PROMESA.
A pesar de las reservas expresadas por las agencias gubernamentales, algunas organizaciones respaldaron la propuesta. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres apoyó la iniciativa argumentando que beneficiaría a las mujeres trabajadoras, quienes suelen cargar con una gran cantidad de trabajo no remunerado. Asimismo, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Asociación de Maestros expresaron su apoyo al proyecto, aunque estos últimos enfatizaron la importancia de llevar a cabo un plan piloto y analizar los resultados antes de implementar la propuesta a gran escala.
Aunque la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial se considera una medida justa y necesaria que podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores, promover la equidad de género y aumentar la productividad y el bienestar en la sociedad, las agencias gubernamentales subrayaron la necesidad de realizar un análisis más detallado y evaluar los posibles impactos antes de su implementación definitiva.
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