Desde el 21 de junio de 2022 el Tribunal de Utuado emitió Sentencia declarando nula la Ordenanza Municipal aprobada en la Legislatura prohibiendo el establecimiento de dispensarios de cannabis en las calles de la plaza pública del Municipio con posterioridad a haberse solicitado permiso de uso para el establecimiento de un dispensario en las calles de la plaza pública del Municipio. Se ordenó por el TPI expedir las patentes municipales a N&V Business, LLC. Determinación que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las cuales al día de hoy advinieron finales y firmes. Todo esto en perjuicio de la empresa y su inversión.
Adjuntas, Puerto Rico – Luego de un año de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera sentencia en contra del Municipio de Adjuntas y la cual ordena expedir la patente a N&V Business, el alcalde José H. Soto Rivera se niega a hacerlo en perjuicio de la empresa -dedicada a la venta de productos de canabis medicinal- y la inversión de más de $70,000 que ha hecho su propietario, Nelson Ponce Ramos, en el centro urbano de este pueblo.
“Por un mero capricho y en una actitud abiertamente discriminatoria, la administración municipal de Adjuntas no ha emitido la patente correspondiente, a pesar de la sentencia final y firme del tribunal y de haber cumplido desde el primer día con los demás requisitos en ley como el pago de arbitrios de construcción. La falta de cumplimiento del alcalde y su equipo de trabajo es una afrenta y un discrimen patente en contra mía. Como comerciante he cumplido con todos los requisitos de ley, pero él siendo un funcionario electo antepone sus intereses personales y no cumple con lo establecido por ley y las Sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Apelaciones y Tribunal Supremo”, expresó Ponce Ramos, a la vez que explicó que sin la patente, la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal no puede emitir la licencia para que comience a operar como dispensario.
Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2020 , cuando Ponce Ramos a través de la Corporación N&V Business, LLC alquiló un local en la calle Progreso #50 para abrir un dispensario de cannabis medicinal. El comerciante, natural de Adjuntas, pagó los cánones de construcción requeridos ya que el local necesitaba ser remodelado, y ubicó el rótulo que indicaba los detalles de los trabajos a realizarse en el espacio previo a la inspección para la Licencia de Establecimiento de Dispensario. Posterior a estas gestiones la Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza Municipal 05 Serie 2021-2022 “para reglamentar el establecimiento de centros de cultivo, investigación, manufactura, laboratorio, transporte y dispensa de cannabis medicinal y productos derivados o relacionados en el cuadrante frente a la Plaza de Recreo de Adjuntas”. Al entrar en vigor dicha ordenanza el local quedó dentro del área de prohibición.
N&V Business presentó una acción civil para decretar la nulidad de la Ordenanza Municipal 05, ya que esta pretendía regular disposiciones ya reglamentadas y ocupadas exclusivamente por la Ley Núm. 42 del 9 de julio de 2017 que regula el cannabis medicinal, los reglamentos número 9038 y el 923, ambos aprobados por la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. El 13 de junio de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia declarando la nulidad de la Ordenanza aprobada por la Legislatura Municipal y ordenó al Municipio expedir las patentes para la operación del negocio la sentencia dictada por el Tribunal Superior y determinó que “la aprobación de la Ordenanza Municipal número 5 constituyó un acto ultra vires que carece de validez…” y que el Municipio de Adjuntas “debe expedir las patentes municipales, una vez se acredite el pago o la consignación de los arbitrios de construcción…”. La Administración Municipal no ha cumplido con el expendio de la patente. A sabiendas de que la ordenanza fue declarada nula acudió al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo los cuales confirmaron la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo que el Sr. Soto Rivera en un acto contumaz, y de reto hacia los Tribunales de Puerto Rico no quiere otorgar la patente municipal incumpliendo con las sentencias emitidas.
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