La Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento de Victoria Ciudadana han anunciado unos objetivos programáticos comunes en los programas de gobierno de ambas organizaciones que servirán de base para un futuro gobierno de la Alianza. Las propuestas se dirigen a diez temas prioritarios como la corrupción, la cancelación del contrato de LUMA/GENERA y el rescate del sistema energético, la salud, la educación, el ambiente, el desarrollo económico sostenible, entre otros, y propone una estrategia para abordar los problemas urgentes de Puerto Rico mediante una nueva manera de hacer gobierno en el archipiélago.
En conferencia de prensa el Lic. Juan Dalmau Ramírez, candidato a gobernador de la Alianza expresó que “el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana han identificado diversos aspectos comunes en sus respectivos programas de gobierno, para responder, mediante la promoción y protección de los derechos humanos, a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Hemos recogido esas visiones comunes en cuanto a los problemas y las soluciones que reclama el país en unas diez propuestas con las que ambos partidos están comprometidos, así como lo están también diversos sectores de la sociedad civil del país. Es preciso encaminar al gobierno por una nueva ruta de honestidad y eficacia, al servicio del pueblo”.
La Lic. Ana Irma Rivera Lassén, candidata de la Alianza a la Comisaría Residente , indicó en conferencia de prensa que “el Programa de Gobierno de la Alianza presentado es el comienzo de lo que tenemos planeado para los próximos cuatro años de gobierno honesto y administración sana y eficaz. Nuestro punto de partida, como siempre, es la solidaridad y la inclusividad, desarrollando estas propuestas concretas que lograrán un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico sin tener que sacrificar otros asuntos importantes como el ambiente y los derechos humanos. Este Plan de Gobierno encaminará a Puerto Rico hacia un futuro justo y le devolverá al pueblo de Puerto Rico, tanto aquí como en la diáspora, la esperanza que ha perdido”.
Las políticas públicas impulsadas por la Alianza se centrarán en la construcción de un gobierno plenamente democrático que respete los derechos humanos y responda a las necesidades del pueblo en torno a los siguientes asuntos y medidas fundamentales.
1. Eliminación de la corrupción para instaurar un gobierno honesto y eficiente
Para lograr un gobierno honesto hay que prevenir, identificar y penalizar todo acto de corrupción gubernamental, incluyendo reformar el financiamiento de campañas para evitar el inversionismo político en los contratos gubernamentales.
2. Urgente descolonización de Puerto Rico
Se convocará una Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo procesal para que el pueblo ejerza su derecho a la libre determinación. Luego de un proceso de negociación y diálogo y una campaña educativa sobre las opciones descolonizadoras acordadas, el pueblo tomará la decisión en una votación vinculante.
3. Rescate del sistema energético
Recuperaremos para el Pueblo de Puerto Rico nuestro sistema energético fuera del control partidista, enmarcado en la transparencia, la eliminación de la corrupción, la participación democrática ciudadana, la rendición de cuentas, la eficiencia y la energía renovable para sustituir el combustible fósil. Tomaremos inmediatamente las medidas necesarias para dejar sin efecto los contratos de LUMA y Genera PR.
4. Desarrollo económico sostenible y eliminación de la Junta de Control Fiscal
Promoveremos una economía justa, sustentable, solidaria, diversa y dinámica para el desarrollo sostenible de Puerto Rico mediante múltiples formas de gestión económica, y una política fiscal responsable de justicia contributiva. Combatiremos a la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y en el Congreso de los Estados Unidos, hasta lograr su total eliminación.
5. La defensa de nuestros recursos naturales:
Protegeremos nuestro entorno natural, con participación ciudadana, mediante la educación, la protección del medioambiente y la planificación urbana sostenible, incluyendo las playas y zonas costeras, el recurso de agua, y otros espacios de importancia ecológica, garantizando su conservación y uso adecuado para el beneficio de todo el pueblo.
6. Sistema universal de salud para Puerto Rico:
Es necesario un Sistema Universal de Salud efectivo y equitativo que garantice el acceso a adecuados servicios de calidad a lo largo de las diversas etapas de la vida, fuera del control de las aseguradoras y con énfasis en la prevención de enfermedades.
7. Fortalecimiento de la escuela pública y la Universidad:
Construiremos un sistema educativo fuera del control partidista que fomente la participación protagónica de los actores escolares, provea una educación integral, y apoye el desarrollo intelectual, físico y emocional de cada estudiante, con capacidad de análisis crítico. Garantizaremos la autonomía universitaria del sistema de la Universidad de Puerto Rico y restituiremos su presupuesto, para que desempeñe el rol social y económico que requiere el desarrollo del país.
8. Defensa de los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, laborales, sindicales, sociales, culturales y ambientales-
Aseguraremos un régimen de derechos humanos que respete la dignidad, intimidad e igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, sexo o género, nacionalidad, edad, diversidad funcional y corporal, orientación sexual o identidad de género real o percibida. Toda persona tendrá derecho a un nivel de vida adecuado que asegure derechos laborales y sindicales, la salud, la educación, el bienestar, la alimentación, el vestido y vivienda accesible y asequible.
9. Democracia electoral
Derogaremos el Código Electoral de 2020 luego de un proceso de diálogo para acordar los lineamientos de un nuevo ordenamiento electoral plenamente democrático, que goce de la confianza del pueblo.
10. Seguridad pública
Es preciso crear un modelo de seguridad pública solidaria, transparente, ágil y efectivo, con la colaboración de las agencias de seguridad y la población, para lograr un ambiente seguro y a la vez promover una política salubrista sobre el problema del uso y abuso de sustancias controladas, además de responder adecuadamente a emergencias meteorológicas, de violencia y de salud.
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