El 17 de mayo de 2023, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico presentó cargos contra seis personas por su participación en un esquema de fraude para obtener beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), alcanzando un total de $350,616. El anuncio fue realizado por W. Stephen Muldrow, Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Diversas agencias federales, entre ellas el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) y el FBI, en colaboración con la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, participaron en las investigaciones.
Según las acusaciones, los acusados estuvieron involucrados en esquemas fraudulentos para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) al presentar solicitudes fraudulentas de beneficios de seguro de desempleo que incluían fondos de PUA.
Los acusados son: Roberto J. Hernández Rivera, quien obtuvo fraudulentamente $103,422; Jeremy Sánchez Rivera, quien obtuvo fraudulentamente $87,972; Axel J. Pagán Rodríguez, quien obtuvo fraudulentamente $86,772; Ednier Torres-Burgos, quien obtuvo fraudulentamente $34,956; Eli Eteniel Correa Fernández, quien obtuvo fraudulentamente $19,380; y Nomar J. Mimbs Machiavelo, quien obtuvo fraudulentamente $18,114.
El fiscal federal Muldrow advirtió que aquellos que intenten aprovecharse de los fondos federales del gobierno enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Las investigaciones continúan y se hace un llamado a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con esquemas de fraude relacionados con el COVID-19.
Las acusaciones incluyen cargos de robo de dinero del gobierno, fraude postal y uso indebido de números de Seguro Social. Los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal, 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno, multas de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.
Es importante destacar que las acusaciones no constituyen evidencia de culpabilidad y se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad. Para denunciar esquemas de fraude relacionados con el COVID-19, se insta a la ciudadanía a comunicarse con el Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) mediante la línea directa del NCDF al 1-866-720-5721 o a través del formulario web de quejas del NCDF en: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
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