Una vez más, por tercera vez, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico declaró "no ha lugar" a la petición del Municipio de Ponce para evitar que uno de los empleados sancionados, involucrado en la liquidación de cheques de ex empleados municipales durante la administración de la ex alcaldesa Mayita Meléndez, recibiera beneficios de seguro por desempleo.
El Municipio había recibido una segunda negativa a su solicitud el pasado 23 de mayo, pero decidió apelar nuevamente para detener la otorgación de los beneficios. Estos empleados fueron removidos de sus puestos debido a presuntas acciones ilegales y violaciones éticas mientras estaban en funciones.
Inicialmente, el Municipio de Ponce presentó el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, pero ambas entidades determinaron que los empleados no habían cometido actos ilegales ni habían actuado en contra del bienestar del gobierno municipal.
A pesar de ello, el Municipio llevó a cabo un proceso interno de disciplina que resultó en el despido o suspensión de cuatro de los seis empleados involucrados. Posteriormente, tres de ellos solicitaron el beneficio de seguro por desempleo al Departamento del Trabajo, y a pesar de la apelación del Municipio, el Departamento falló a favor de los empleados, concediéndoles los beneficios.
Hasta el momento, el documento oficial del Departamento del Trabajo solo menciona a uno de los ex empleados.
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Algunos de estos empleados han presentado demandas por discriminación contra el Municipio de Ponce, buscando ser reinstalados en sus antiguos puestos de trabajo y recibir compensación por la pérdida de ingresos, salarios no devengados, salarios futuros y beneficios perdidos debido a su despido o terminación ilegal. También buscan una compensación por los daños ocasionados como resultado de las acciones del Municipio, solicitando un monto mínimo de $500,000 por cada demandante.
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