Inician proceso de vistas públicas sobre productos y servicios de Blockchain en Puerto Rico

Los trabajos fueron liderados por la Comisión de Hacienda y contó con la participación de la AAFAF, OGP, OCIF, ABPR y el DDEC

(San Juan, PR - 14 de diciembre de 2022) - La Comisión de Hacienda inició hoy, miércoles, el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 1425 que busca promover productos y servicios de Blockchain en Puerto Rico y establecer las estructuras básicas para la regulación, desarrollo y crecimiento de nuevas tecnologías en el sector de servicios financieros.

‘’Con esta vista queremos resaltar este tema y que sirva de conocimiento para todos. A su vez, viendo a futuro, más allá de lo que esté pasando actualmente, soy de la teoría que este sistema se va a establecer. Por lo que tenemos que ir hablando para preparar el camino de estas monedas virtuales en lo que sea su estructura e implementación. Es un tema novel y complicado en su entender, pero por eso debemos hablar y darle paso para aclarar cualquier tipo de dudas’’, expresó en su turno inicial el presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez.

A la audiencia pública compareció la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y Puerto Rico Blockchain Trade Association (PRBTA).

En representación de AAFAF, el asesor de asuntos legislativos de la agencia, Jean Peña Payano destacó su apoyo hacia la medida pero con reservas a que sea implementada con ciertas regulaciones. ‘’Oportunidades económicas relacionadas con tecnologías novedosas siempre conlleva incertidumbres que requieren una regulación adecuada a fin de proteger a los usuarios de dichas tecnologías, consumidores y ciudadanos de Puerto Rico’’.

‘’Se debe lograr un equilibrio para permitir que el sector privado prospere y pueda proteger a sus partes interesadas. Habiendo logrado la regulación y el equilibrio, Puerto Rico debería convertirse en un lugar acogedor para invertir en este sector, atrayendo a los jugadores correctos; es decir, los que buscan la regulación en lugar de evadirla’’, agregó.

El PC 1425 establece los criterios y el procedimiento para designar y certificar a una entidad financiera internacional como entidad con licencia especial para realizar actividades de tecnología financiera autorizadas junto a los requisitos en materia de la custodia digital de monedas virtuales sujetas a la transmisión de moneda, y determina las actividades que no se constituyen transacciones de negocio en Puerto Rico.

En tanto, Natalia Zequeira, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) expuso que están cortos de recursos para establecer las regulaciones necesarias para la implementación de la medida y confirmó que no ve probable la posibilidad de que entre en vigor al menos por los próximos tres años.

‘’La OCIF reconoce que el mundo se está moviendo al uso de los métodos electrónicos para llevar a cabo muchas de sus actividades gubernamentales y económicas. No nos oponemos al uso de la tecnología de Blockchain siempre y cuando esta actividad cuente con los elementos esenciales de confiabilidad, validez jurídica, protección al consumidor y preservación de la seguridad nacional, mediante la inclusion de herramientas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo’, entre otras actividades delictivas’, dijo Zequeira.

Otra de las razones que expuso la Comisionada para la negativa en la implementación de la medida fue que la legislación inyecta incertidumbre en el marco regulatorio de las entidades financieras internacionales junto a los escasos recursos que enfrenta la OCIF. ‘’Es imperativo que podamos contar con el personal adecuado con conocimiento y experiencia en Blockchain para poder evaluar y calibrar el desempeño de entidades financieras de manera adecuada’’.

Por su parte, Bryan O’Neill Alicea, asistente ejecutivo del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), respaldó el establecimiento de un marco regulatorio para el desarrollo del sector de esta tecnología.

‘’La ley propone un marco regulatorio de innovación de la caja de arena (‘’innovation sandbox’’) para permitir el desarrollo y la prueba de nuevos productos que utilizan nuevas tecnologías que no necesariamente encajan en las estructuras regulatorias anticuadas’’, estableció O’Neill Alicea.

En esa línea, el Funcionario indicó que es muy prematuro la implementación de los llamados ‘’innovation sandbox’’, ya que están en destiempo y su adopción, en estos momentos, no cuenta con un análisis sobre su necesidad y viabilidad.

Mientras, Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), enfatizó que actualmente Puerto Rico no cuenta con los recursos necesarios para poder llevar a cabo de manera inmediata las exigencias del PC 1425.

‘’Todavía existe mucha incertidumbre en cuanto a la manera en que los reguladores finalmente establecerán los límites dentro de los cuales los bancos podrán llevar a cabo actividades en estas monedas. Todo esto junto a la escasez de recursos, falta de personal y poca educación con este tema nos trae muchas dudas junto a las exigencias presupuestarias que podría exigir su implementación’’, puntualizó Álvarez Rubio.

Por su parte, Keiko Yoshino, directora ejecutiva del PRBTA, no supo responder a preguntas de Santa Rodríguez sobre cuántos empleos relacionados a la industria del Blockchain existen en la isla. Sin embargo, destacó que, desde la perspectiva de la organización que dirige, Puerto Rico tiene una “oportunidad única” para ser el próximo Singapur o Silicon Valley, las jurisdicciones más importantes en cuanto al desarrollo de web3.

Yoshino abogó por la implementación de legislación que establezca los servicios de Blockchain en la isla con el objetivo de “demostrar que Puerto Rico se toma en serio tanto la tecnología como el desarrollo económico”.

“(Las tecnologías) Blockchain están siendo implementadas por ciudades y estados alrededor del mundo para brindar transparencia y responsabilidad a los gobiernos, y restaurar la confianza pública. La legislación ante la Comisión no es nueva. De hecho, muchos estados han aprobado leyes similares”, defendió Yoshino.