La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció el viernes que presentó una demanda contra el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el objetivo de anular la Ley 10-2024 y permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política.
“El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas”, dijo el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, Jr., en declaraciones escritas.
La Ley 10-2024, según la Junta, socava la autonomía del Negociado de Energía, interfiriendo con su capacidad para regular el sistema energético de Puerto Rico. La acción legal busca restaurar la capacidad del Negociado para servir al interés público sin la influencia de intereses particulares.
La Junta aseguró que esta acción no tiene como objetivo terminar con la medición neta ni imponer cambios al programa de paneles solares en los techos. La intención es eliminar las restricciones políticas sobre el Negociado de Energía para asegurar su independencia y continuidad en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
“La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”, añadió Mujica.
En 2019, el Gobierno de Puerto Rico eliminó la influencia política del sistema energético, permitiendo que el regulador independiente determinara la política energética basada en hechos y datos. La Junta Fiscal aboga por que el Negociado de Energía continúe su trabajo sin interferencias.
Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó al indicar que: “El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico”.
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