[Anunciaron en su página de facebook que pronto harán público sus hallazgos.]
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) ha iniciado una investigación tras recibir cuatro querellas por discriminación por orientación sexual, identidad de género y motivaciones religiosas contra el Municipio de Ponce. Estas querellas se originaron a raíz de las expresiones discriminatorias de Miyady Velázquez Pagán, esposa del alcalde Luis Irizarry Pabón, quien públicamente afirmó el pasado mes de febrero que las personas homosexuales están "confundidas". Además, las querellas alegan acciones discriminatorias relacionadas con las creencias religiosas cristianas de Velázquez Pagán.
Aunque la investigación aún no ha concluido, la CDC ha llegado a una conclusión preliminar de que el Gobierno Municipal de Ponce tiene políticas públicas de no discriminación desactualizadas y que posiblemente no se aplican correctamente. Según el director ejecutivo de la CDC, Ever Padilla Ruiz, también se ha confirmado que los empleados municipales no han recibido los adiestramientos obligatorios sobre educación para erradicar la discriminación durante este período de gobierno.
La CDC ha recibido tres querellas relacionadas con discriminación por orientación sexual y una por discriminación por motivaciones religiosas, esta última presentada por iniciativa propia. Padilla Ruiz afirmó que están coordinando entrevistas con los querellantes para completar la investigación y publicar un informe detallado sobre los hallazgos.
El informe de la CDC se publicará en su página web y se enviará a varios funcionarios del ayuntamiento y de las tres ramas del gobierno central. Además, se están realizando comunicaciones con las autoridades federales, ya que si se determina que el municipio de Ponce ha violado leyes federales relacionadas con conductas discriminatorias, se remitirá el caso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La CDC ha solicitado información detallada al municipio, incluyendo datos sobre las políticas de no discriminación existentes, los adiestramientos obligatorios según la Ley 22 de 2013, el funcionamiento de la oficina de la primera dama, su presupuesto y los programas basados en creencias religiosas que se llevan a cabo bajo esa estructura. También se han realizado requerimientos de información al Departamento de Arte y Cultura sobre la ubicación de una obra de arte y su traslado.
Entre los hallazgos preliminares se destaca que las políticas de no discriminación no están actualizadas ni se aplican correctamente, y que no se han ofrecido adiestramientos al personal municipal sobre la Ley 22 de 2013 durante el tiempo que el alcalde Irizarry Pabón ha estado en el cargo.
La CDC, debido a la trascendencia y la violación de un tema constitucional en este caso, publicará un informe detallado sobre las querellas y las conclusiones alcanzadas. Aunque la CDC no tiene la facultad de adjudicar sobre las acusaciones, está dispuesta a unirse a una demanda legal como amigo de la corte si alguna persona decide presentar una demanda contra el municipio o el alcalde por este asunto.
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