Lo que sabemos sobre el caso del Alcalde de Ponce es que la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, informó que los fiscales a cargo de la investigación contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, han notificado su decisión. Tienen 30 días para presentar un informe o denuncias contra el alcalde. La fecha límite para la notificación venció recientemente.
Los fiscales que llevan el caso son Zulma Fuster Troche e Ileana Agudo, investigando al alcalde por supuestamente solicitar dinero a empleados de confianza para su campaña en 2020. Un fiscal especial independiente previo, Miguel A. Colón Ortiz, fue removido tras un incidente. La decisión de Fuster Troche se mantiene confidencial hasta la presentación del informe o denuncias.
La fiscal no podrá actuar en el caso la próxima semana debido a otros compromisos legales. Durante la investigación, la Oficina del Contralor Electoral impuso multas al alcalde por violaciones financieras. Además, el alcalde aprobó una ordenanza que establece el orden de sucesión interina en el ayuntamiento en caso de una vacante en el cargo de alcalde, dando prioridad a la vicealcaldesa.
El Periodico El Vocero reporto que miembros de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Legislatura Municipal de Ponce han expresado preocupación por un cambio en el orden de sucesión interina propuesto por el alcalde Luis Irizarry Pabón. El cambio se justificó debido a que la ordenanza anterior, establecida en 2020, mencionaba a personas específicas que ya no ocupan cargos en el ayuntamiento.
No obstante, algunos legisladores cuestionan si el nuevo régimen podría dejar al municipio inoperante si el alcalde fuera suspendido o renunciara, ya que la nueva línea de sucesión incluye a personas que enfrentan investigaciones por donaciones a la campaña del alcalde. También, se plantea la pregunta de por qué se realizó el cambio en 2023, a pesar de que Irizarry Pabón asumió el cargo en 2021, lo que sugiere que las razones detrás del cambio podrían ser diferentes de las declaradas públicamente.
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