La factura del servicio de energía eléctrica podría aumentar aún más debido al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), generando gran preocupación entre la ciudadanía. Ante esta situación, se ha convocado una marcha pacífica que se llevará a cabo hoy a las 4:00 p.m., partiendo desde el capitolio hasta La Fortaleza. La jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, ha anunciado que la deuda que pueden cobrar los bonistas de la AEE asciende a $2,388 millones, lo cual ha provocado la indignación de diversas organizaciones.
El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Walberto Rolón, ha expresado su desacuerdo con esta decisión, argumentando que los bonistas están exigiendo el pago de aproximadamente $9,500 millones de una deuda que no está respaldada por garantías. Rolón ha destacado que los estudios realizados demuestran que el plan de ajuste propuesto sería un desastre para Puerto Rico, ya que la Autoridad no podría hacer frente a dichos pagos. Aunque la jueza ha realizado recortes, no se conoce la cantidad exacta que se le pagará a los acreedores, lo que genera incertidumbre.
Por su parte, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, ha manifestado que esta rebaja a los bonistas es resultado de las mociones presentadas por los consumidores y el movimiento popular en contra de los aumentos excesivos en los costos energéticos. Torres Placa ha explicado que el ajuste de $2,300 millones en bonos se traduce en un cargo de 1.6 centavos por kilovatio hora para el 60% de los consumidores, lo que representa un aumento de aproximadamente el 20%. Ante esta situación, insta a todos los consumidores a unirse a la marcha para evitar un aumento desproporcionado en sus facturas.
Sin embargo, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes Aponte, ha expresado su preocupación por la decisión de la jueza Taylor Swain y ha afirmado que no pueden soportar otro aumento. Aponte destaca que la reestructuración del plan de ajuste aún debe considerar las pensiones de las personas jubiladas, un factor sumamente importante que no ha sido incluido hasta el momento.
Diversas entidades se unirán a la marcha, entre ellas la Liga de Ciudades de Puerto Rico, cuyos alcaldes de Cataño, Coamo, Hormigueros, Toa Alta y Toa Baja expresarán su rechazo al PAD y a los aumentos en las tarifas de electricidad. La directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios, ha manifestado su inconformidad con el plan, señalando que es injusto e inaceptable que el pueblo deba asumir un costo adicional por un servicio de calidad cuestionable y para pagar una deuda no auditada, sin explorar otras soluciones sostenibles.
La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) también se unirá a la marcha, enfatizando el impacto neg
ativo que los constantes aumentos en los servicios públicos y los bienes de consumo han tenido sobre los trabajadores en los últimos 10 años, afectando su economía, alimentación y salud.
La marcha pacífica busca expresar la oposición de la ciudadanía ante el posible aumento de las tarifas de energía eléctrica y demandar soluciones más equitativas y sostenibles para hacer frente a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
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