El Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), Luis A. Pérez Vargas, informó hoy que los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, culminaron una investigación que vinculaba al Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia. Se alegaba que el Gobernador había utilizado las facultades de su cargo, la propiedad y los fondos públicos para resaltar su imagen, en violación de la Ley Orgánica de la OEG.
“Los abogados de la Oficina acogieron un planteamiento recibido en la OEG en febrero de 2023, y suscrito por los representantes Jesús Manuel Ortiz González, José H. Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Burgos y Sol Higgins Cuadrado. Los legisladores solicitaban investigar al Gobernador, por beneficiarse de manera indebida con el fin de adelantar sus intereses político-partidistas, resaltar su imagen y promover su reelección, con la publicación y difusión del mensaje especial titulado: Puerto Rico Presente y Futuro, por medios digitales y correos electrónicos de servidores públicos”, expresó Pérez Vargas.
La investigación realizada por la Lcda. Alexandra Rivera Ríos de la OEG tiene como punto de partida un mensaje publicado en las redes oficiales y el canal de Youtube de La Fortaleza, el 8 de febrero de 2023. En el mensaje especial se observa al Gobernador en imágenes, y a grandes rasgos, expone los logros, metas y la ejecución de la política pública de su administración. Este mensaje fue difundido a través de correos electrónicos oficiales el 9 de febrero de 2023. Como parte de la investigación, se realizaron requerimientos de información y documentos a la Oficina del Gobernador, a la Oficina Central de Comunicaciones en La Fortaleza, a la Oficina del Contralor Electoral, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a los Comités de Campaña del Partido Nuevo Progresista y de Pedro Pierluisi, explicó el Director de la OEG.
El Director Ejecutivo indicó que, además de la prueba obtenida por la licenciada Rivera Ríos, se revisaron decisiones de casos resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), sobre el uso de fondos públicos en las expresiones gubernamentales. En estos casos, se le ha reconocido al Gobernador la facultad y el deber de informarle al país las medidas que ha tomado y sus planes concebidos. Conforme a ello, el Gobernante puede utilizar fondos púbicos para que informe al pueblo sobre la agenda trazada. Esto resulta indispensable para que los ciudadanos puedan juzgar su labor y exigir el remedio de agravios gubernamentales. Una vez se determina que existe un fin público en la erogación de fondos, la limitación a la expresión gubernamental resulta ser la prohibición por veda electoral. El hecho de que surja un beneficio incidental en favor de personas particulares no desvirtúa el fin público al que va dirigida la expresión gubernamental. Véase Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42 (1990); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995) y sus casos posteriores.
De acuerdo con la abogada de la OEG, de la evidencia presentada por la Oficina Central de Comunicaciones (OCC) de La Fortaleza, surge que la producción, divulgación y difusión del mensaje especial se realizó como parte de las estrategias de comunicación de la OCC, para dar a conocer las gestiones de gobierno, programas, servicios, oportunidades y derechos, así como la política pública establecida en la agenda del Gobernador, en virtud de la Orden Ejecutiva 2022-043. Esta estrategia incluyó desarrollar una plataforma de comunicaciones denominada “Todos por Puerto Rico”, en la que se mantiene informado al público en general sobre diversos asuntos. La OCC explicó que, el envío del enlace del mensaje especial por correo electrónico a servidores públicos se realizó como una herramienta para lograr un mayor alcance de difusión utilizando medios digitales y las plataformas oficiales, para informarle a la ciudadanía sobre las gestiones de política pública realizada por el Gobernador y su administración.
La investigación de la OEG concluye que, aunque el contenido del mensaje especial pueda entenderse por algunos como una estrategia para resaltar la imagen de Pierluisi Urrutia como candidato a la Gobernación, ni el contenido, ni los visuales hacen alusión a procesos o contiendas electorales de ningún partido o candidato, ni fomenta una actividad política o promueve los intereses electorales de un partido o candidato. Por el contrario, el mensaje promueve los objetivos del gobierno en consonancia con sus deberes y funciones y la política pública establecida. De igual, el mensaje especial no se realizó durante la veda electoral, ni contiene símbolos, emblemas o fotografías que puedan indudablemente interpretarse como de índole político-partidista. Por lo tanto, no es posible concluir que se trate de la promoción de intereses electorales, ni la obtención de un beneficio, elementos esenciales para que se configure una violación a nuestra Ley Orgánica.
Es por todo lo anterior que, al no existir evidencia que sustente las violaciones a la Ley Orgánica de la OEG, ni prueba clara, robusta y convincente que justifique una querella contra el imputado, se procede con el archivo de la investigación. No obstante, de surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación, señaló Pérez Vargas.
Comments