El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) han dado un paso importante hacia una alianza electoral de cara a las elecciones de 2024 al unirse en un pleito judicial para impugnar la prohibición de candidaturas coaligadas en Puerto Rico.
La demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, argumenta que la prohibición de coalición de candidaturas en la papeleta electoral viola diversos derechos constitucionales de los partidos políticos, sus miembros y el electorado. Esta prohibición ha estado en vigor desde 2011.
Según el PIP y el MVC, esta prohibición limita la capacidad de los partidos políticos para formar coaliciones y presentar candidaturas que representen una amplia variedad de puntos de vista. El objetivo de este pleito es que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral.
Los abogados de ambos partidos políticos anunciaron la acción legal en una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar. Carlos Gorrín Peralta, abogado constitucionalista, expresó que el PIP y el MVC acuden al tribunal con la mayor buena fe para corregir el entuerto estatutario que el Código Electoral ha impuesto a la democracia puertorriqueña.
Gorrín Peralta argumentó que la legislación electoral vigente desde 2011 ha vulnerado valores fundamentales al prohibir las alianzas entre partidos políticos y las candidaturas coaligadas. Además, enfatizó que estas prohibiciones imponen cargas onerosas al ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho al voto, la libertad de asociación y la libertad de expresión.
José Javier Lamas Rivera, abogado del MVC, resaltó que las prohibiciones impuestas por el Código Electoral crean condiciones inconstitucionales y discriminan a la oposición política al bipartidismo por sus ideas políticas, sin existir un interés apremiante que justifique tales prohibiciones.
Los demandados en este pleito son el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, y los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular Democrático y del Proyecto Dignidad. Los demandantes incluyen al MVC, al PIP, al secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, y al coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo.
Ambos partidos cuentan con un equipo legal que buscará demostrar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Código Electoral. Esta acción legal busca abrir paso a un proceso electoral que reconozca una mayor participación democrática en Puerto Rico.
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