Un análisis de Espacios Abiertos revela que el costo de los incentivos económicos en Puerto Rico va en aumento,
situándose por encima de 29 jurisdicciones de EE. UU. y 92 países en relación al tamaño de su economía San Juan, Puerto Rico (martes, 3 de mayo de 2022) — Los gastos fiscales o tributarios en Puerto Rico para este año ascienden a $23,271 millones, una cifra que duplica el presupuesto anual del fondo general, y que muestra un patrón de aumento. Por un lado, a nivel global Puerto Rico es una de las jurisdicciones que proporcionalmente más incentivos ofrece, y a su vez, es donde menos se contabilizan los beneficios que aportan esos incentivos, concluyó un estudio de Espacios Abiertos (EA). La investigación destaca que casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del “presupuesto oculto” , pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce. El estudio de Espacios Abiertos titulado “Gastos fiscales en Puerto Rico: desafíos internos y perspectiva mundial” reveló que Puerto Rico está a la cabeza de 29 jurisdicciones de Estados Unidos y de 92 países a nivel global, en cuanto al impacto fiscal de los incentivos económicos (también conocidos como incentivos o privilegios contributivos), respecto al tamaño de su economía usando tanto Producto Interno Bruto (21%) como el Producto Nacional Bruto (31%). Los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. En Puerto Rico hay 463 gastos fiscales. Solo se reportan datos del 53.7 por ciento. En el año 2017, los gastos tributarios representaban $22,517 millones, en el 2022 la cifra ascendió a $23,271 millones y, para el 2023, Hacienda proyecta que alcanzarán $23,669 millones, según sus propios datos. “Casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del “presupuesto oculto”, pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce, expresó el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de Política Pública de EA, quien dirigió el estudio elaborado por el también analista de Política Pública, Alexis López Paleo, y que contó con paneles interactivos de datos creados por el analista Gabriel Ríos Pérez. Santamaría Ots destacó que conocer el rendimiento económico y social de los gastos tributarios es de extrema importancia para Puerto Rico, así como lo es para cualquier jurisdicción. Mientras el gobierno federal hace público el 100 por ciento de esa información desde 1974, en Puerto Rico la misma no era pública. Desde el 2017, Espacios Abiertos ha promovido que se transparente esa partida oculta de gastos y que se incorpore dicho análisis al proceso de consideración y aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que anualmente realizan las ramas legislativa y ejecutiva. El reclamo de Espacios Abiertos por la transparencia de dicha información, inclusive llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La publicación, en 2019, por parte del Departamento de Hacienda del primer Informe de Gastos Tributarios fue histórica y adelantó ese ejercicio. Sin embargo, según señala Espacios Abiertos, “el informe que publica Hacienda —ahora en su tercera edición— todavía carece de mucha información relevante tanto para los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto gubernamental como para la ciudadanía que tiene el derecho de conocer a dónde va el dinero público”. Para el estudio, los integrantes del área de investigación de Espacios Abiertos examinaron el "Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2023" presentado el pasado mes por el Departamento de Hacienda, junto a los datos de los informes anteriores, y en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países, para determinar dónde se ubica Puerto Rico respecto a sus gastos fiscales (ver enlaces a paneles interactivos de datos abajo). Los expertos indicaron que el ingreso no devengado por estos tratos contributivos especiales es dos veces mayor al presupuesto del fondo general. “A pesar de su magnitud, gran parte de los gastos fiscales no se divulgan, convirtiéndolos en un presupuesto oculto que no pasa por escrutinio público. Como consecuencia de mantenerlos fuera del ojo público, es raro que estos gastos sean evaluados en términos de costos y beneficios”, subrayó el economista. Gastos ocultos e informes con datos obsoletos El estudio destacó como conclusión que todavía no se incluyen estimados de impacto fiscal para casi la mitad de los gastos tributarios listados mientras que se excluyen los gastos relacionados a la Ley Núm. 154 de 2010 sobre el impuesto a las empresas foráneas y las contribuciones sobre la propiedad de los municipios. Además de que la información no cumple con la ley de datos abiertos, el informe señala que cuenta con datos obsoletos, al presentar un estudio en el año 2022 con datos que —en el caso de las corporaciones, que representan dos terceras partes de los gastos fiscales— son de los años 2016 y 2017. El informe que debería analizar el impacto de todos los incentivos bajo la Ley Núm. 60 de 2019 (Código de Incentivos), contiene análisis sobre solo tres leyes de incentivos de un total de 76 que consolida el Código, incumpliendo con el análisis de todos los programas, tal y como lo requiere su mismo estatuto. Estas leyes analizadas en el informe del DDEC representan solamente $566.6 millones del monto total de gastos fiscales de $22,085 millones en 2021 (2.6% del total), reveló el estudio de EA. El economista explicó que, oportunos y bien diseñados, los gastos tributarios pueden ser muy positivos. Hay gastos fiscales que han demostrado ser efectivos en ayudar a los contribuyentes, como el Crédito por Trabajo que fomenta el trabajo formal y ayuda a combatir la pobreza. Por otro lado, cuando son mal diseñados o no hay evaluación periódica/ oportuna sobre su eficacia o rendimiento, estos gastos pueden hacerse obsoletos o llegar a incumplir con sus objetivos por completo, sin generar beneficio para la sociedad o la economía que justifique el “gasto”. Ante la opacidad prevaleciente sobre los privilegios contributivos, Espacios Abiertos (EA) ha emplazado al gobierno de Puerto Rico, administración tras administración, para crear un registro público oficial o presupuesto de gastos fiscales que incorpore las mejores prácticas en la divulgación, rendición de cuentas y análisis de los gastos tributarios. “Desde Espacios Abiertos abogamos por una ley que requiera la preparación de un informe de gastos fiscales que incluya las mejores prácticas de divulgación donde se incluyan todos los gastos con su impacto fiscal correspondiente. Y este informe no estaría completo si no incluye la evaluación del rendimiento de cada gasto y cómo estos afectan social y económicamente a Puerto Rico”, puntualizó Santamaría Ots.
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