Cuatro ex empleados de Municipio Autónomo de Ponce (MAP) han presentado una demanda contra el alcalde de #Ponce, Luis Irizarry-Pabón, por despidos injustificados y discriminación. Según la demanda, los trabajadores buscan ser reinstalados en sus antiguos puestos de trabajo y recibir una compensación por la pérdida de ingresos, salarios dejados de devengar, salarios futuros y beneficios perdidos debido a su despido o terminación ilegal. También están buscando una compensación por los daños causados como resultado de los actos del Municipio, y piden una cantidad mínima de compensación por $500,000 por cada demandante.
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La demanda alega que los demandantes fueron encomendados por la ex alcaldesa María Meléndez-Altieri para realizar la liquidación de los pagos correspondientes a 17 ex funcionarios y un empleado temporero. Según la demanda, los trabajadores realizaron su trabajo diligentemente bajo la supervisión y guía del alcalde interino y del director de la Oficina de Recursos Humanos del MAP, y contaron con la asistencia de la empresa "Rock Solid Technology, Inc.". Después de completar la documentación requerida, las certificaciones y seguir el proceso legal requerido, se emitieron los pagos de liquidación correspondientes.
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Posteriormente, la administración de Irizarry-Pabón acusó a los demandantes de actos de corrupción y presentó una queja ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Los demandantes afirman que sufrieron acciones discriminatorias, como ser removidos de sus puestos y transferidos a otros departamentos, lo que causó problemas de salud y licencias por enfermedad. El Departamento de Justicia en febrero de 2022 determinó que los empleados no habían cometido actos delictivos. Más tarde la oficina del Fiscal Especial Independiente tampoco encontró causa para el referido y archivó el caso y la solicitud del Municipio Autónomo de Ponce.
La demanda también alega que Irizarry-Pabón ordenó una auditoría interna de los doce años de mandato de Meléndez-Altieri como alcalde, pero la auditoría no apoyó las acusaciones de mala administración hechas por Irizarry-Pabón contra la exalcaldesa. Los demandantes afirman que esto fue un intento de desacreditar a los trabajadores y justificar los despidos ilegales y la discriminación.
Se desprende el documento de demanda que al momento de su despido, uno de los cuatro demandantes ya estaba completamente calificado para la jubilación, y su solicitud de jubilación ya había sido aprobada y firmada por la Administración de Sistema de Retiros. Sin embargo, su solicitud de jubilación aprobada y firmada fue denegada después de que el demandado Irrizarry Pabón intervino y se opuso a ella. La jubilación del demandante se retrasó bajo el pretexto de que estaba siendo investigado debido a los eventos descritos aquí.
En otros dos de los casos, los demandantes reclamaron que a causa de las acciones discriminatorias tuvieron problemas de salud que requirieron atención médica.
Los trabajadores solicitan intereses antes y después del fallo, daños punitivos, honorarios de abogados y costos razonables, y cualquier otro alivio que el tribunal considere justo y apropiado. La demanda sigue en curso y este medio se encuentra en espera de una respuesta del alcalde y su administración.
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