Un ambiguo reglamento que aprobó el Senado mantiene al Secretario del Departamento de Educación como figura central en la toma de decisiones y no garantiza la participación de la comunidad.
Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo - Parte de los $21 millones de presupuesto federal para que la región educativa de Ponce se convierta en la primera Agencia Educativa Local (LEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación (DE), serán invertidos en la contratación de una veintena de empleados y de la empresa Consulting Integrated Transformation and Advancement, presidida por la exsecretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz. El monto del contrato para esta corporación no ha sido divulgado por el DE, ni el contrato ha sido registrado en la Oficina del Contralor, ni la exsecretaria respondió preguntas sobre el mismo, aunque la contratación fue anunciada en una “mesa redonda” con periodistas de algunos medios.
La empresa de recursos humanos inscrita en enero de 2023 por la también exdirectora de plataforma de la fallida campaña a la reelección de Pedro Pierluisi tiene $125,000 en contratos con Educación desde marzo del año pasado.
Una fuente del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) alertó además sobre los vínculos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la región educativa de Ponce. Por ejemplo, el superintendente interino de la región, Andrés Ausúa Pagán, fue candidato del PNP a la alcaldía de Peñuelas en 2004 y en 2008 formó parte de la asamblea legislativa de ese municipio.
El anuncio de la primera LEA surge luego de que el Senado aprobara a punto de vencerse la sesión legislativa un reglamento que deja en manos del Secretario del DE las compras, la distribución del presupuesto y el nombramiento de superintendentes. Tras la urgencia expresada por el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, para establecer la primera LEA en agosto, se aprobó a última hora un documento que no incluyó los cambios estructurales necesarios para lograr la autonomía y desburocratización del sistema educativo.
El funcionario federal le recordó a la secretaria del DE, Yanira Raíces Vega, en una carta enviada a mediados de junio que los pasos a seguir debían lograr el objetivo de descentralizar el “sistema unitario que históricamente ha limitado el acceso a las comunidades locales y a la toma de decisiones sobre el mejor uso de los fondos educativos para servir eficazmente a sus estudiantes”.
El reglamento que determina las facultades y deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE) y que fue aprobado con 20 votos a favor, cuatro en contra y un abstenido, constituye una propuesta que “sirve como base inicial para la posterior elaboración de regulación más detallada y específica”, según el documento.
La presión de Educación federal resultó sospechosa para la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y miembro de la Comisión senatorial de Educación, Cultura y Turismo, María de Lourdes Santiago Negrón. “En la medida en que se imponga la estructura de las LEA, desaparece el Departamento de Educación como lo conocemos. Además, le garantizas al [Partido Nuevo Progresista] PNP lugares en espacios clave de la toma de decisiones y desinstitucionalizas el Departamento”, opinó.
En el tribunal por convocatorias de empleo para la descentralización
En el último informe disponible sobre la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) se indica que se requiere la creación de 724 cargos nuevos para su puesta en marcha. Según el portavoz de prensa del DE, Jorge Salcedo, los nuevos puestos responden a la necesidad de fortalecer las capacidades regionales para “mejorar la autonomía y el tiempo de respuesta en el servicio a las escuelas”. Durante los próximos dos años, “se fortalecerán los procesos legales y la capacidad de compras, de manera que toda la isla se beneficie de la descentralización”, dijo.
Una demanda por parte de seis directores escolares alega irregularidades durante los procesos de reclutamiento de las convocatorias relacionadas a IDEAR. Los querellantes José Luis Jiménez Negrón, Pablo D. Ortiz Feliciano, Nitza M. Sánchez Cartagena, Rubén Díaz Flores, Jessica Ortega Irizarry y Ramón Burgos Rosado reclaman que “el único elemento común de todos los demandantes que fueron rechazados por el Departamento es que no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista o eran simpatizantes de un sector del Partido Nuevo Progresista distinto al de la Secretaria Raíces y el Gobernador de Puerto Rico”.
Sánchez Cartagena indicó al CPI que, luego de ser entrevistada por el comité evaluador, Educación tardó dos semanas en responder que luego de su evaluación no sería recomendada al puesto, sin mayores explicaciones. Por su parte, Ortiz Feliciano dijo que se entrevistó en la región de Caguas y Bayamón, y nunca le mostraron su evaluación. El director de la Escuela Segunda Unidad Eugenio María de Hostos en Cayey alega que fue discriminado en el proceso por ser candidato a la alcaldía de Barranquitas por el Partido Popular Democrático (PPD).
Los demandantes también señalaron que la Ley 85 de 2018 dispone que los nuevos nombramientos para superintendente auxiliar de escuelas serán por un año, pero el DE publicó una convocatoria de puestos regulares con carácter permanente. Además, que una carta circular de la agencia para establecer el procedimiento de reclutamiento y selección del personal en el programa IDEAR, adjudica más puntos por haber sido Ayudante Especial Docente que por la preparación académica o experiencia. Asimismo, denunciaron que fueron eliminados como candidatos del Registro de Elegibles luego de ser rechazados para el puesto, lo que les impide competir posteriormente para estas posiciones.
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